El organismo sugiere que las autoridades colombianas indemnicen y reparen al abogado por considerar que su detención fue arbitraria. Naciones Unidas afirma que el exfiscal Néstor Humberto Martínez «determinó el criterio y la posición de la Fiscalía en la investigación en curso», aún cuando estaba impedido.

El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU le dio un jalón de orejas al gobierno colombiano y a la Fiscalía por cómo se ha llevado a cabo la investigación en contra Alexandre Vernot, uno de los principales asesores jurídicos de Carlos Mattos, en medio del escándalo Hyundai.

Naciones Unidas encontró que la detención que se hizo del abogado, por el delito de soborno, se realizó de forma arbitraria. Dentro del análisis que hizo el organismo encontró que «la actuación de la Fiscalía General de la Nación no fue objetiva ni imparcial en la investigación y acusación del Sr. Vernot». 

El documento señala que Néstor Humberto Martínez fue impedido por la Corte Suprema de Justica para conocer todo lo relacionado al caso de Vernot desde el 21 de junio del 2018 ya que antes de ser la cabeza de la Fiscalía, Martínez fue abogado del empresario Carlos Mattos, exrepresentante de la marca Hyundai en Colombia. Según la información que recibió la ONU y que se consigna en el documento, aun cuando fue el propio Néstor Humberto Mártinez el que se declaró impedido el 1 de junio de 2018, la Fiscalía obtuvo una orden de captura en contra del cliente del Sr, Vernot (Mattos) por la comisión de hechos punibles, días antes de que la Corte Suprema aceptara el impedimento. Además, la entidad consiguió que la Interpol emitiera una circular azul de localización.

El Grupo de Trabajo señaló que «hay suficientes elementos para creer que, desde la perspectiva de un observador razonable, toda la estrucutra orgánica de la Fiscalía pudo haber actuado en beneficio de los intereses de la persona impedida», puesto que el fiscal tiene «atribuciones para nombrar y remover funcionarios bajo su dependencia y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos». 

En cuanto a Vernot, el documento tiene un recuento de los supuestos hechos de persecución -denunciados por una fuenta anónima- que sufrió el abogado, quien entró a reforzar el asesoramiento de Mattos en la disputa que este tenía con la casa matriz Hyundai. Vernot fue acusado por la Fiscalía de ir a la penitenciaría La Modelo para ofrecerle un soborno de 2 millones dólares a Luis David Durán, el exabogado de Mattos que lo ponía a tambalear con su testimonio ante las instancias judiciales. 

El apartado 26 de la misiva señala: «la fuente indica que la persecución contra los abogados -(Vernot y varios miembros de su equipo) es evidente, al punto que para la detención del Sr. Vernot se interceptó, sin orden legal, su teléfono celular para descubrir su ubicación» y posteriormente capturarlo en un centro comercial de Bogotá.

De haberse cometido esa interceptación, la Fiscalía de Martínez habría actuado en contravención del artículo 235, inciso 3, del Código de Procedimiento Penal colombiano que prohíbe expedir órdenes judiciales para hacer ese procedimiento a defensores como Vernot. 

La fuente puso de ejemplo que a una de la abogadas del mismo equipo de representantes de Vernot a la que también le habrían intervenido los teléfonos desde la Fiscalía. «El ocho de octubre de 2018 la abogada recibió tres llamadas de la Fiscalía General, y luego un mensaje de texto en su celular personal amenazándola con llevarla a la cárcel en los siguientes términos «le vamos a hacer lo mismo que a Vernot». 

Además, la Onu consideró el señalamiento de esa persona anónima quien dijo que la privación de la libertad de Vernot se debió a dos razones de fondo: la primera por la publicación de un artículo periodístico (de Gonzalo Guillén –íntimo amigo de Vernot) en donde acusaba al fiscal Néstor Humberto Martínez de poseer bienes ocultos en el exterior y no declarados en Colombia. Y la segunda, porque Mattos, cliente en un momento de Martínez, «le habría dejado de pagar una suma importante de honorarios profesionales» por los trabajos realizados como su abogado privado. 

El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU transmitió al gobierno de Colombia (16 de enero de 2019) la comunicación enviada por la fuente y estableció un plazo de 60 días para que las autoridades respondieran y enviaran sus argumentos frente a los señalamientos que esta hacía. Sin embargo, «ante la ausencia de una respuesta en el plazo otorgado, las alegaciones formuladas por la fuente se consideran en principio fiables». 

Por tanto, el organismo determinó que «la privación de libertad del señor Alexandre Vernot es arbitraria» y por eso pide al gobierno «que se adopte las medidas necesarias para remediar la situación», entre esas «poner al señor Alexandre Vernot inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparación, de conformidad con el derecho internacional».

Por Semana